A un mes del Plebiscito para definir si se aprueba o rechaza la propuesta de Nueva Constitución, destacados economistas nacionales entregaron detalles de un estudio que analiza los costos que significarán para el país la implementación gradual de la Carta Fundamental.
El informe titulado «Estimaciones del costo fiscal directo de la propuesta de nueva Constitución» fue elaborado por economistas del Centro de Estudios Públicos y la universidad de Talca, de Chile y Católica, y se presentó hoy en forma presencial en el auditorio de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca (FEN- UTalca).
La presentación contó con la participación del rector de la UTalca, Dr. Carlos Torres, quien entregó palabras de bienvenida a la actividad y el decano de la FEN, Dr. Rodrigo Herrera, quien realizó la moderación de las preguntas.
En tanto, el decano de la FEN UTalca, Rodrigo Herrera, manifestó que “la implementación de una Nueva Constitución trae varios costos y estos se deben financiar. Este informe nos entrega esos costos y es lo que vamos a analizar. Queremos estar presentes en la discusión a nivel nacional de los temas importantes para el país”.
La presentación del análisis y sus conclusiones fue desarrollada por los autores de estudio: la académica de la FEN UTalca Campus Santiago, Andrea Bentancor; Rodrigo Vergara, investigador senior del Centro de Estudios Públicos y expresidente del Banco Central; la académica del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Claudia Martínez; el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y exsuperintendente de Valores y Seguros, Guillermo Larraín; y el investigador del Centro de Estudios Público, Gabriel Ugarte.
También es parte de los autores del análisis el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Metodología
Según la exposición, este análisis tuvo como objetivo realizar una estimación del costo fiscal incremental directo que implicaría la implementación de la nueva Constitución; proporcionar información de utilidad para personas que requieren más elementos a la hora de decidir su voto; y aportar con información para graduar la puesta en marcha del texto según se consigan los recursos financieros.
En el estudio se contemplan dos escenarios: alto y bajo, lo que consideran que se cumple con lo mandatado en la propuesta de Nueva Constitución, pero se diferencian según el nivel de satisfacción del derecho y por la interpretación del artículo respectivo.
En el escenario bajo, el mayor costo total anual son 8.9% del Producto Interno Bruto, mientras que en el alto llega 14.2%.
También se realizó una comparación de cómo se elevó el gasto fiscal en otros países que implementaron una nueva Constitución.
Para eso se calculó el promedio de gastos del PIB los 10 años previos y los 10 años posteriores. Así, se registraron casos como el de Ecuador que tras el 2008 (año de promulgación) pasó de 21,6% a 38,7% este gasto fiscal.
Autores
La académica de la FEN -UTalca Campus Santiago, Andrea Bentancor, que es parte de las y los autores del estudio, explicó que “este estudio cuantifica el costo adicional anual de implementar la propuesta de nueva Constitución, esta implementación no se establece para mañana sino en un tiempo largo, que puede ser muchos años. Esto implicaría entre 8,9 puntos del PIB y 14,2 puntos del PIB, es decir, un aumento en el gasto público bastante significativo”.
El investigador senior del Centro de Estudios Públicos y expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, indicó que sobre la gradualidad “nosotros en el estudio suponemos que son diez años, pero podría ser más o menos. Es un costo significativo y por lo tanto, hay que pensar bien la gradualidad para que el país pueda ir absorbiendo los costos y que no signifique un deterioro de tal magnitud de las finanzas públicas que termine en una situación insostenible”.
En tanto, el académico de la FEN – UChile, Guillermo Larraín explicó que, «lo que decimos en este estudio es que hay una demanda que es muy fuerte por Derechos Sociales y el componente más grande de gastos son Derechos Sociales»
«Chile tiene que prepararse para ver cómo va a fincar estas demandas sociales tan relevantes. Hay que ver como la economía vuelve otra vez a crecer, estamos creciendo al 0,8% per cápita y eso no permite financiar los gastos sociales que el país quiere», agregó.
