Entidades independientes, autónomas y sin influencia política serían las que debieran estar a cargo de la planificación y diseño de proyectos de obras públicas en el país, así lo establecieron los expositores del seminario “Constitución y Concesiones de Obras Públicas”, organizado por CIEPLAN y la Universidad de Talca.
El expositor, Eduardo Engel, director del centro de estudios Espacio Público, hizo un análisis de las problemáticas que presenta actualmente la provisión de este tipo de infraestructura. “Se hacen los proyectos equivocados, estos no dan el servicio que debieran dar y además salen carísimos”, sostuvo.
El también economista explicó que la construcción de grandes obras se percibe como un elemento clave para que los gobernantes sean reelectos, lo que lo hace más atractivo que destinar recursos a la mantención de las obras existentes. Por esa razón, aseguró que es fundamental en la materia contar con una adecuada planificación estatal, de largo plazo e independiente del gobierno de turno.
Por su parte, la abogada y ex ministra de Obras Públicas, Loreto Silva, coincidió con este análisis. “En Chile tenemos un problema de planificación y de ejecución de proyectos que no necesariamente están bien diseñados, y en lo que respecta a las obras concesionadas, tenemos la dificultad de su actualización a las necesidades de la población a medida que transcurre el tiempo”, añadió.
Según su experiencia en el rubro, muchas veces existen errores en la planificación, “cuestión que hace menos eficiente el destino de nuestros recursos orientados a la infraestructura, que es tan necesaria para el desarrollo”, detalló.
Es por esa razón que cree que es necesario contar con “una planificación autónoma de largo plazo que permita desarrollar proyectos adecuadamente, de manera que cuando se liciten, tengan la menor cantidad de riesgos posibles”, y agregó que esta entidad debería ser diferente al órgano ejecutor.
De acuerdo a Loreto Silva, es fundamental incluir la opinión de las comunidades en las decisiones, ya que, “desde el nivel central muchas veces se ve como importante una obra que no necesariamente es prioritaria para la economía de una determinada Región”.
La abogada agregó que las construcciones deberían continuar siendo ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas, pero es necesaria “una fiscalización más fuerte y tener un mecanismo de consulta respecto a las modificaciones de contrato y los cambios significativos en los proyectos”.
Respecto a la nueva Constitución Política, la especialista recomendó que ésta debiera “considerar no solo el rol del Estado, sino que también la participación del sector privado”, el cual especificó ha sido muy relevante en el desarrollo de la infraestructura del país en diversas áreas.
